Toyota está comprometida con el cumplimiento normativo y cuenta con el Código de Conducta y diferentes políticas para conseguirlo: compras, anti soborno, protección de datos, competencia, redes sociales, propiedad intelectual e industrial y políticas de confidencialidad.
Los canales para denunciar las infracciones del Código de Conducta son dos, uno externo y otro interno. El Compliance Officer es quien recibe estas denuncias, presta apoyo y aconseja a la empresa sobre el cumplimiento normativo y el manejo del Código de Conducta, todo ello para realizar las modificaciones o ajustes necesarios, gestionar las infracciones especialmente graves del Código o reportar informes a la matriz.
Para asegurar la efectividad de estas políticas, se realizan formaciones sobre las mismas que garantizan su cumplimiento por parte de los empleados y colaboradores de Toyota. Además, en 2015, con ocasión de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se realizó una revisión del sistema de prevención de delitos adaptándolo a la normativa y, a principios de 2017, se ha actualizado nuevamente.
Aparte de las herramientas de control interno, Toyota España se somete a las auditorías SOX (exigida por la norma Sarbanes-Oxley Act of 2002), que tiene por objeto fomentar la transparencia financiera de las entidades que cotizan en la bolsa estadounidense. Esta norma exige un alto nivel de transparencia, fiabilidad y exactitud a los datos económicos, lo que disuade de la comisión de ilícitos financieros.
De este sistema de prevención de delitos se desprende una política de Tolerancia Cero hacia este tipo de conductas, con unas instrucciones muy claras sobre el comportamiento esperado, así como sobre las consecuencias de su falta de adopción.
La política de Tolerancia Cero se aplica a todos los empleados de la empresa, así como a sus socios en las relaciones comerciales con el fin de:
Toyota cuenta con un comité de riesgos, el ICRM Commitee, integrado por la dirección y algunos empleados de la compañía y encargado de gestionar todos los posibles riesgos de la empresa, tanto financieros como no financieros -legales, corporativos, reputacionales, ambientales.
Protección y privacidad de los datos
Los empleados disponen del Código de Conducta, de la política de confidencialidad y de la política de protección de datos y de redes sociales. Todos los datos son tratados conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y bajo las instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Para garantizar el cumplimiento de estas políticas, desde Toyota se imparten formaciones sobre la materia a sus empleados y colaboradores. Igualmente, se realizan auditorías internas y externas de protección de datos, que tienen por objeto supervisar la correcta implantación de las políticas en las páginas web de la marca, en los contratos que se firman con los clientes, en la publicidad y promociones enviadas por la marca, etc., de forma que se proporcione a los clientes la máxima información y transparencia en la relación.
Derechos de la propiedad industrial e intelectual
Toyota protege la propiedad intelectual e industrial de la compañía contra todo tipo de infracciones. Ello incluye todos los derechos de propiedad intelectual e industrial y otros activos inmateriales creados o desarrollados directa o indirectamente, a través del trabajo en la compañía, así como los adquiridos por la misma.
Igualmente, el Código de Conducta de Toyota prohíbe infringir los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros y utilizar esos activos (tales como patentes, copyright, modelos de utilidad, diseños y marcas comerciales) ilegalmente, así como realizar copias ilegales de software o publicaciones. El uso de la propiedad intelectual e industrial de terceros únicamente está permitido en caso de que medien los oportunos acuerdos de cesión.
Toyota protege estos derechos a través del correspondiente registro de sus marcas, patentes y demás derechos de propiedad intelectual e industrial. Además, los empleados de Toyota disponen de la política de propiedad intelectual e industrial, que desarrolla los principios anunciados al respecto, y de una política de confidencialidad.